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Alerta sobre financión electoral

Alertas sobre financiación electoral de cara a los comicios de 2023


La Alianza para el Control Ciudadano al Financiamiento de Campañas, que lidera Transparencia por Colombia y en la que participa la UAV, presentó una serie de alertas asociadas a la financiación de campañas políticas, con el propósito de incentivar mayor transparencia en el proceso electoral.


Estos llamados de atención se realizan con base en el informe de análisis detallado del financiamiento de las campañas políticas en las elecciones legislativas y presidenciales del año 2022, elaborado por la Alianza, que incluye el informe nacional y los ocho informes territoriales, entre ellos el correspondiente a la elección de Cámara de Representantes en el Valle del Cauca.


(Cali, mayo 23 de 2023) Gracias al trabajo articulado que lidera Transparencia por Colombia a nivel nacional, y en el que participan la Corporación Región, Foro Costa Atlántica, Fundación Cívico Social Pro Cartagena- FUNCICAR, Corporación Cívica de Caldas, Corporación VIGÍA Cívica, Corporación Desarrollo y Paz de Córdoba y Urabá, Transparencia por Santander y la Unidad de Acción Vallecaucana, fue posible analizar el comportamiento de la financiación electoral en 2022.


Según la información consignada por los partidos y organizaciones políticas en el aplicativo Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral, los ingresos reportados por las candidaturas fueron por más de $351 mil millones de pesos y los gastos superaron $366 mil millones de pesos. El proceso de análisis de los datos, así como las entrevistas a candidatos, permitieron establecer cinco patrones que caracterizaron la financiación durante 2022:

  1. Persiste una alta dependencia de recursos privados para la financiación de las campañas políticas. Si bien esta es una forma legítima de participación política, sería deseable tener un financiamiento más balanceado entre aportes públicos y privados para las campañas, para tener una contienda electoral más equitativa entre partidos, organizaciones y movimientos que tienen recorridos y capacidades distintas.

  2. El financiamiento público durante el desarrollo de las campañas es prácticamente nulo. Si bien Colombia contempla un financiamiento mixto de campañas, durante el desarrollo de estas se encontraron barreras para acceder a los anticipos estatales, como los requisitos de adquisición de las pólizas por parte de las organizaciones políticas y la apertura de la cuenta bancaria única de campaña.

  3. Persisten las barreras para el acceso a los recursos de campañas para las candidaturas de mujeres. Se evidencia que no hay equidad en el proceso para financiar las candidaturas de las mujeres. Por ejemplo, en las elecciones legislativas las organizaciones políticas realizaron donaciones a 242 candidatos en contraste con los aportes realizados a 129 candidatas.

  4. Hay un riesgo de opacidad en la información de ingresos y gastos de campañas. La Resolución 8586 de 2021 del CNE hizo obligatorio el reporte de las operaciones contables una semana después de realizados, con el fin de promover una rendición de cuentas en tiempo real y facilitar el seguimiento oportuno a estos recursos; sin embargo, en las campañas se evidenció un bajo cumplimiento de esta obligación. Por ejemplo, a tres días de las elecciones legislativas, menos de la mitad de las candidaturas habían hecho algún reporte de ingresos y gastos a través de Cuentas Claras.

  5. El mayor disparador gastos en las campañas políticas continúa siendo la propaganda electoral. Este rubro representó el 45% del gasto de las campañas al Congreso (más de $123 mil millones de pesos). Para la primera vuelta presidencial implicó el 61,3% del gasto (más de $46 mil millones de pesos) y para segunda vuelta, el 65,1% (más de $10 mil millones de pesos). Las redes sociales representaron un 19% del total de gastos de propaganda electoral para Senado y 31,3% para Cámara, mientras que para las elecciones presidenciales implicaron el 24,7% en primera vuelta y el 40% en segunda vuelta. Sin una regulación clara sobre la propaganda electoral en redes sociales, se hace difícil realizar un monitoreo y control sobre este tipo de gastos.

Para el caso de la financiación en la elección de Cámara de Representantes para Valle del Cauca, el balance electoral fue el siguiente:

  1. Se presentaron 124 candidaturas que registraron un total de ingresos de $12.674 millones y gastos relativamente menores por $12.244 millones. Los 14 candidatos que fueron electos y representan el 11% de las candidaturas, concentraron el 47% de los ingresos obtenidos. Estos datos contrastan con lo reportado por el 89% de los candidatos restantes (110), que soportaron ingresos por $6.754 millones.

  2. Las personas naturales y jurídicas aportaron para la campaña a la Cámara de Valle $7.184 millones; las personas jurídicas realizaron contribuciones por $4.242 millones (59%) y las personas naturales por $2.942 millones (41%). Del total de los aportes de las personas jurídicas el 39,2% fueron créditos y el 60,7% donaciones y donaciones en especie.

  3. Las campañas para la Cámara de Representantes recibieron el 57% de sus ingresos por vía de contribuciones, donaciones y créditos que realizaron particulares. En segundo lugar, con el 28%, se encuentran los créditos o aportes provenientes del patrimonio de los candidatos, de sus cónyuges o de sus parientes.

  4. En el caso de los gastos de campaña, se evidenció que el 52,5% de los recursos correspondieron a propaganda electoral. De acuerdo con los reportes realizados por los 73 candidatos del Valle del Cauca que registraron gastos al respecto, este fue el segundo departamento en el que se reportó mayor volumen de recursos dirigidos a este rubro, antecedido por Bogotá D.C.

  5. De las 124 candidaturas que se presentaron en el Valle del Cauca, 49 fueron mujeres y 75 hombres. Las primeras reportaron ingresos por $2.684 millones y los segundos por $9.990 millones, es decir que el ingreso per cápita de las mujeres fue de $55 millones y el de los hombres fue de $133 millones. Como se observa, la brecha de género es ostensible, puesto que las candidatas mujeres reportaron 2,4 veces menos ingresos.

Consulta el informe Valle del Cauca en el siguiente enlace: https://bit.ly/valletpc

A partir de estos resultados y de cara a las elecciones territoriales de 2023, desde la Alianza para el Control Ciudadano al Financiamiento de Campañas se generaron las siguientes alertas:

  • El evidente incremento del número partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que tendrán derecho a participar en estas contiendas electorales, implica que el número candidaturas podría crecer ampliamente, por lo cual el control a la financiación de estas elecciones será mucho más desafiante que en elecciones pasadas. En este contexto, se hace un llamado a que las organizaciones políticas apoyen a sus candidatos y candidatas en comprender e implementar todas las obligaciones asociadas a la administración y rendición de cuentas de ingresos y gastos de campañas.

  • Ese mismo escenario implicará que la demanda por fuentes de financiación se ampliará significativamente. Resulta necesario que la autoridad electoral revise las barreras que impiden el acceso a financiamiento público para incrementar la entrega de recursos estatales por medio de los anticipos de campañas, con el fin de mitigar los riesgos de financiación por fuentes no permitidas. Igualmente, se hace un llamado al sector privado para que amplíe el acceso al financiamiento para mujeres, jóvenes y nuevos liderazgos, lo cual fomenta la participación política en condiciones de equidad.

  • Los miles de personas que recibirán avales para las elecciones locales de 2023 deben ser conscientes de su deber de rendir cuentas sobre los ingresos y gastos de sus campañas, incluso si no resultan elegidas. La calidad y la oportunidad de la información que reporten a través del aplicativo Cuentas Claras determinan en buena medida la transparencia de su financiamiento. Las campañas deben cumplir con la obligación del reporte de ingresos y gastos en tiempo real a través del aplicativo y evitar que se realicen constantes cambios en los registros cargados al aplicativo Cuentas Claras.

Como lo señala Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia “es imprescindible conocer cómo se financian las campañas, pues esto fortalece la calidad de la democracia, aclara la relación entre dinero y política, y disminuye los riesgos de captura del Estado a través de la financiación electoral”. Igualmente, “toda financiación que no quede registrada en Cuentas Claras es irregular y, por lo tanto, objeto de investigación y sanción”.

"Es importante que el tema de la financiación electoral haga parte de la agenda pública, animamos a todos los ciudadanos a consultar nuestros informes y a acercarse a la plataforma cuentas claras, y a las candidaturas a ser transparentes y oportunos en sus reportes." Daniel López, Director Unidad de Acción Vallecaucana.

"El dinero tiene una fuerte capacidad de alterar la competencia electoral, por eso resulta central el compromiso activo de todos los actores de este proceso: electores, candidatos, partidos, movimientos y grupos, autoridades electorales, sector financiero, empresas, medios de comunicación". Lina María Orozco, UAV.

Para más información, ingresar al balance electoral 2022, en donde se podrá encontrar el seguimiento a la financiación de las elecciones legislativas y presidenciales 2022, junto con el análisis realizado frente a este asunto en ocho departamentos del país: https://bit.ly/financiacioastp

De igual forma, se invita a consultar la página de Monitor Ciudadano, donde se encuentra la información de los ingresos y los gastos reportados por las candidaturas tanto para Congreso, como para Primera y Segunda Vuelta Presidencial. https://www.monitorciudadano.co


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