Vigilancia a contratación

La ciudadanía tiene los ojos sobre la contratación pública por crisis de Covid-19

Organizaciones de la sociedad civil se unen para seguir promoviendo la transparencia y la lucha contra la corrupción en la ejecución de recursos públicos de la emergencia por Covid-19.

Se han identificado más de 9 mil contratos relacionados con la crisis del Covid-19 por un valor de 1,6 billones de pesos. Este gran universo requiere un importante esfuerzo de seguimiento de todos los actores que cuidan lo público.

Durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19 se han denunciado presuntos hechos de corrupción en los recursos destinados a atender la crisis, un gran reto para autoridades, entidades públicas, organismos de control, y en especial para la ciudadanía, que ha observado la situación con gran indignación.

Por esta razón, y pensando en pasar a la acción conjunta, siete organizaciones de sociedad civil –Transparencia por Colombia, -Comité por Transparencia por Santander, Cordupaz, Corporación Cívica de Caldas, Funcicar, Alianza por una Cali + Transparente y participativa y Corporación VIGÍA Cívica, Pereira - han sumado esfuerzos en la iniciativa ‘Ciudadanía activa: con los ojos puestos en los recursos Covid-19’, para hacer un seguimiento a los procesos de contratación de bienes y servicios destinados a la atención de la crisis en 7 regiones del país: Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Bogotá D.C.. Se espera trabajar de manera conjunta con otras organizaciones e iniciativas para lo cual se hace un llamado a que nos fortalezcamos como sociedad civil.

Para la alianza, es fundamental que la ciudadanía siga asumiendo un rol activo, articulado y propositivo que contribuya a generar mayor transparencia en el uso de los recursos. Por eso, como un ejercicio de Control Ciudadano estas organizaciones se articularon para identificar patrones en la contratación, utilizando fuentes oficiales de información: SECOP I, SECOP II, la Tienda Virtual del Estado, SISBEN, Procuraduría General de la Nación y Cuentas Claras. Se profundizará en el análisis identificando riesgos de corrupción en los procesos, objetos de los contratos, valores e idoneidad de los contratistas, entre otros aspectos. Los resultados y alertas de su trabajo se divulgarán en boletines periódicos.

Aunque la emergencia llegue a su fin, la rendición de cuentas no culmina con ella. El panorama al que nos vemos enfrentados implica que la lucha contra la corrupción mantenga un lugar central en la atención de la emergencia Covid-19 con el fin de prevenir riesgos que, de materializarse, pueden fomentar hechos de corrupción, que incrementarán las situaciones de vulnerabilidad para amplios sectores de la población, la inequidad en el acceso a salud y la profundización de la pobreza, entre otros efectos.

¿Qué se ha encontrado?

Desde el 16 de marzo hasta el 14 de mayo, la contratación que se ha hecho en el país para atender la emergencia del COVID-19 presenta las siguientes características generales:

Se identificaron 9.206 contratos en todo el país relacionados con la crisis del Covid-19 por un valor cercano a los 1,6 billones de pesos[1].
Bajo la causal de urgencia manifiesta se encontraron 4655 contratos, asignados por modalidad directa y que se encuentran estimados en 1,1 billones de pesos[2].
El 71% de la contratación, para la atención de la emergencia, se ha realizado en el nivel territorial, y equivale a 1,1 billones de pesos[3].
En Bogotá se concentra el 44% del valor total de la contratación de la emergencia, que incluye la contratación de las entidades nacionales, seguido de Antioquia (8,2%), Valle del Cauca (7,1%) y Atlántico (5,4%).
Las entidades que más han contratado son: Fondo Financiero Distrital de Salud (209 contratos), Sucre- Gobernación (94 contratos), Instituto Nacional de Salud (91 contratos), Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla (82 contratos) y Caldas - Alcaldía Municipio de La Dorada (82 contratos).
A la fecha, se registran 7.613 contratistas, entre los cuales vamos a identificar cuántos fueron financiadores de campaña de las elecciones territoriales de 2019.

Asimismo, se han encontrado irregularidades dentro de los procesos de contratación. Uno de los casos analizados fue la existencia de dos contratos adjudicados a personas que se encontraban inhabilitadas para contratar con el Estado por los delitos de concierto para delinquir y fabricación y porte de armas de fuego. Toda presunta irregularidad se estará presentando debidamente ante los órganos de control.

Para las organizaciones, la acción propositiva de la ciudadanía haciendo uso responsable de datos públicos debe complementar la acción de las autoridades nacionales, departamentales y municipales, y de los órganos de control.

“Nunca antes había sido tan claro todo lo que nos ha quitado la corrupción. Por eso desde la ciudadanía estamos poniendo a disposición nuestra experiencia para pasar de la indignación a la acción, queremos fortalecer nuestras instituciones, nuestra democracia y que le demos un valor a lo que es público, a lo que es nuestro” Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia.

“La pobreza y un sistema de salud frágil, no permiten ofrecer garantías de bienestar y protección a la ciudadanía; la corrupción y la indiferencia nos pasan la cuenta de cobro en esta pandemia. Nuestro compromiso con esta alianza nacional es fortalecer nuestro ejercicio de vigilancia a la contratación pública, haciendo más énfasis en la inversión que se ha activado para atender esta emergencia sanitaria en Cartagena y Bolívar”. Indica Carolina Calderón Guillot, Directora de Funcicar.

“Vivimos un momento fuera de lo común, por eso necesitamos una transparencia excepcional y una ciudadanía extraordinaria. Esta sumatoria de esfuerzos es una apuesta para eso. Unir nuestras experiencias regionales para exigir el cuidado de recursos públicos más ambicioso y para construir una ciudadanía más fuerte con los datos como argumento”, Afirma Camilo Vallejo, Director de Corporación Cívica de Caldas

Vigilancia en el Suroccidente

La ejecución la estrategia de monitoreo a la contratación pública en el Valle del Cauca, estará a cargo de la Alianza por una Cali + transparente y participativa, un colectivo de organizaciones académicas y de la sociedad civil que desde hace cinco años trabaja por la incidencia ciudadana en la gestión pública local, contribuyendo a la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas en Santiago de Cali.

Los miembros de la Alianza son: Transparencia por Colombia, Observatorio Cali Visible de la Universidad Javeriana, Unidad de Acción Vallecaucana, Programa Cali Cómo Vamos, Foro Nacional por Colombia – Capitulo Suroccidente, Corporación A&P, National Democratic Institute –NDI-, Observatorio Polis y Observatorio para la equidad de la mujer de la Universidad ICESI, Centro de estudios interdisciplinarios humanísticos –CIDEH- de la Universidad San Buenaventura, Seamos Democracia Digital, Sociedad de Mejoras Públicas de Cali, Grupo de Acciones Públicas ICESI – GAPI y Federación de Discapacitados del Valle - FEDISVALLE.

Video de lanzamiento de la estrategia: https://bit.ly/LanzamientoTPCOVID19

Página oficial: https://transparenciacolombia.org.co/ciudadania-activa-covid/