La gestión del riesgo en Cali
Columna de opinión escrita por el recto de la Universidad Javeriana, Luis Felipe Gómez, para el periódico El País. Ver artículo original
A propósito de las tragedias de nuestros hermanos de Mocoa y Manizales, con las cuales todos estamos conmovidos y solidarizados, nos ha puesto en la mira las diferentes situaciones de riesgo y posibles tragedias que se pueden presentar en otras regiones del país. Esta amenaza no es un mal que padecen regiones lejanas. Por el contrario, en las capitales de departamento, como el caso de Cali, se tienen diagnosticadas zonas que representan alto riesgo y en donde se pueden repetir tragedias similares a las acontecidas en los últimos días. Mucho se ha hablado del Jarillón del río Cauca y de la tragedia que podría causar su rompimiento. Si bien las últimas dos administraciones locales han hecho esfuerzos por mitigar el riesgo que representa, vale la pena cuestionarse si el Jarillón es, o no, el principal problema. El Proyecto Plan Jarillón de Aguablanca y Obras Complementarias (Pjaoc), adelantado mediante convenio entre la Alcaldía de Cali y el Fondo Adaptación desde el 2012, avanza independientemente de los muy substanciales conflictos sociales, económicos y políticos que gravitan alrededor del dique. Más allá de los aspectos que tiene por mejorar del megaproyecto, al que ya la Contraloría ha puesto la lupa por los retrasos y riesgos de sobrecostos y la Personería, por el drama humano que representa, relacionado con el desalojo y la vulneración de derechos; hay que indagar por la responsabilidad de los liderazgos políticos que no concretan soluciones adecuadas al proceso de poblamiento desordenado y descontrolado de la ciudad. Solo hasta el año 2015 se presentó para aprobación del Concejo Municipal la creación de la Secretaría para la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres; dependencia que para el 2017 cuenta con recursos cercanos a los 31 mil millones de pesos, cerca del 1% del presupuesto municipal para el año. Si bien el Plan de Ordenamiento Territorial vigente contempla acciones para el Jarillón, el proceso de planificación anterior no lo hacía con la misma contundencia a pesar de que la problemática no es nueva, pues los asentamientos sobre el dique se vienen dando desde los años cincuenta y sesenta. La gestión de riesgo está íntimamente ligada a la planificación y al ordenamiento del territorio, las administraciones locales cuentan con lineamientos e instrumentos que deberían estar orientando las acciones públicas a largo plazo. No obstante, la realidad nos muestra una fragmentación de acciones, producto de una institucionalidad débil y de intereses confrontados que limitan la implementación de políticas articuladas y sostenidas en el tiempo. Para colaborar en la construcción de estrategias de administración y gestión del riesgo, las administraciones municipal y departamental cuentan con nuestras universidades, en donde desde lo técnico, se pone al servicio de la ciudad y la región, el conocimiento científico generado por docentes e investigadores altamente cualificados, dentro y fuera del país. Los campos de intervención son muy variados pues pasa por temáticas como la ingenieril, la arquitectónica, la Psicosocial y hasta la política. De esta forma, todos aportamos a la mitigación de riesgos, que ya están diagnosticados, y a los cuales tenemos que hacerle frente más temprano que tarde. *Rector Universidad Javeriana Cali.
